Comisiones logra la jornada de 35 horas para la Administración General del Estado

Ángel Lara, secretario general de Comisiones en Ceuta, ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo en la Mesa General de la Función Pública para implementar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado. Esta medida incluye al personal estatutario del INGESA en Ceuta y Melilla, así como al Centro Nacional de Dosimetría de Valencia.

Implementación de la jornada laboral

El acuerdo, firmado el pasado viernes 27, permite que todos los empleados públicos de la Administración General del Estado —funcionarios, estatutarios y laborales— accedan a esta jornada. Lara destacó que el avance es significativo porque incluye a los trabajadores con turnos especiales (mañana, tarde y noche), un colectivo que inicialmente estaba excluido por la Administración.

El secretario general señaló que esta mejora es fundamental para la conciliación y para atraer talento a Ceuta, ya que, según sus cálculos, los trabajadores con turnos rotatorios tendrán casi 15 días más libres al año. Según Lara, la medida es “sustancial e importante” para igualar las condiciones con otras comunidades autónomas.

Lara explicó que, para que la jornada sea efectiva, la Administración deberá reformar el decreto que establecía la jornada de 37 horas y media para ciertos colectivos del INGESA en un plazo que estimó en 15 días. El proceso incluirá reuniones en mesas sectoriales y la emisión de instrucciones que modifiquen los acuerdos sobre jornada, permiso y licencia.

Lara advirtió que la reducción de horas obligará a la Administración a contratar más personal para asegurar que los servicios no queden desatendidos. “Vamos a ser más trabajadores y vamos a trabajar menos horas”, afirmó el representante sindical.

Propuesta de transporte público gratuito

Por otro lado, Comisiones ha reiterado su demanda de gratuidad en el transporte público de Ceuta de forma puntual mientras dure el conflicto en Oriente Próximo. A pesar de que la ciudad autónoma ha manifestado que la medida no es posible, el sindicato insiste en que se implemente como una estrategia de ahorro.

Lara argumentó que la medida busca aliviar la economía familiar ante el aumento de precios y, simultáneamente, proteger las reservas estratégicas de combustible de la ciudad. El secretario general criticó la postura de la administración local, al considerar que actúa con cortedad de miras, y señaló que otros países ya están introduciendo medidas de racionamiento de carburantes ante la incertidumbre del conflicto.

“Entendemos que sobre todo la medida iba enfocada en estos dos sentidos, ahorro para la familia aunque fuera poco y ahorro estratégico”.

Lara concluyó que, aunque el Gobierno central pueda aportar medidas, es necesario que las comunidades autónomas y los ayuntamientos también actúen para salvaguardar las reservas de combustible ante un futuro incierto.